En julio de este año, un grupo de activistas anti-guerra viajó a Colombia en una delegación de derechos humanos organizada por la Red de Acción de Colombia. La delegación se reunió con sindicatos, asociaciones de granjeros y organizaciones estudiantiles. FENSUAGRO, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, hospedó a los activistas estadounidenses. La delegación visitó regiones rurales y fue testigo de las condiciones de vida de los campesinos colombianos.

La diferencia entre la ciudad y el campo en Colombia es dramática. Las comunidades rurales muchas veces carecen de electricidad, sistema de cuidado de salud, escuelas, agua potable y saneamiento. Los campesinos no tienen caminos para trasladar las cosechas al mercado y no pueden competir con los productos agropecuarios de los Estados Unidos, baratos y libres de impuestos. En consecuencia muchos campesinos cultivan coca para mantener a sus familias.

Desgraciadamente, estas no son las únicas dificultades a las que se enfrentan los campesinos. El gobierno colombiano, junto con escuadrones de la muerte paramilitares y el ejército estadounidense, han impuesto el terrorismo de estado en las comunidades campesinas, indígena y afro-colombiana por 40 años. La meta del gobierno colombiano es dar acceso a los recursos naturales colombianos a los Estados Unidos y a las corporaciones multinacionales desalojando a los habitantes rurales de sus tierras de forma violenta.

Uno de los métodos usados para el desalojo es la fumigación. Bajo el “plan Colombia” estadounidense, contratistas militares de dicho país rocían los campos colombianos desde aviones con sustancias tóxicas. La administración del gobierno de Bush afirma que la fumigación detendrá el crecimiento de la coca, materia prima de la cocaína. Hubert Gómez, presidente nacional de FENSUAGRO, tiene otro punto de vista. “En Colombia hemos sufrido por la fumigación por más de 30 años. La fumigación destruye el ecosistema y el sustento de los campesinos.” Cultivos, ganado, y gente son cotidianamente rociados con sustancias químicas. Hay víctimas que reportan enfermedades en la piel y defectos de nacimiento. Al mismo tiempo que es muy efectivo deteniendo el crecimiento de la coca, es exitoso en desplazar a miles de paisanos de sus tierras.

El estado también usa tácticas violentas. Bajo el pretexto de eliminar a los “simpatizantes de la guerrilla,” el ejército colombiano ataca a activistas sociales. Los Estados Unidos ayudan proporcionando consejeros militares, armas, y vehículos. En estas operaciones los militares y paramilitares trabajan los unos con los otros. “Los soldados del ejército colombiano se convierten en paramilitares al atarse en el brazo una cinta de paramilitar,” dijo un activista campesino. “Los paramilitares van a los pueblos, matan gente, se van, se sacan las cintas de los brazos, y retornan como soldados, supuestamente para ayudar. Los comandantes de estas unidades militares son entrenados en la Escuela de las Américas (SOA).” La SOA en Fort Benning, Georgia, entrena a soldados latinoamericanos para torturar, intimidar, y formar guerrillas contra-revolucionarias.

A pesar de la brutal represión, los campesinos resisten. Liderando la lucha está FENSUAGRO, que coordina a las asociaciones campesinas a nivel nacional. Usan diversas tácticas para defender las tierras, vidas y formas de sustento de los campesinos. Para protestar por la falta de caminos e infraestructuras en las zonas rurales, FENSUAGRO moviliza comunidades para bloquear carreteras. En dos provincias del sur-oeste, en el mes de mayo pasado, 150.000 personas se movilizaron y cerraron la carretera panamericana por 8 días. Inmediatamente fueron atacados por los militares y la policía. Su acción forzó al gobierno a entrar en una ronda de negociaciones para discutir la inversión de dinero de los impuestos en el desarrollo rural, “La única forma de salir adelante es por la movilización de la masas, aunque esto signifique que alguna de nuestra gente morirá.”

A cualquier lugar al que viajaba la delegación, los campesinos se mostraban muy agradecidos: sin la ayuda militar de los Estados Unidos, el gobierno colombiano sería incapaz de perseguir violentamente a los colombianos. Katrina Plotz, miembro de la delegación, explicó: “Es tiempo de un cuestionamiento drástico de nuestras prioridades nacionales. Billones de dólares están siendo gastados en el Plan Colombia para la llamada “guerra” a las drogas y al terror. ¿Qué significa esto para los colombianos? Desalojamiento, hambre, amenazas de muerte, tortura, asesinatos. El gobierno estadounidense está emprendiendo una guerra al terror sobre los colombianos. Debemos educar a la gente sobre cómo los dólares de los impuestos de los EEUU están siendo gastados. Si los estadounidenses supieran la verdad sobre la intervención de USA en Colombia, la opondrían de forma aplastante.”

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